Discussion:
Todo indica que el crecimiento de los homicidios, la corrupción y el tráfico de drogas, no está siendo combatido con implacable voluntad política.
(demasiado antiguo para responder)
TORREBLANCA®
2006-07-30 13:33:01 UTC
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Juan Martín Echeverría // Violencia, impunidad y pasividad





EN EL SIGLO XXI todo gobierno que pretenda convertir la democracia
representativa en participativa, tiene que comenzar por profundizar la
división de funciones, el respeto a los derechos humanos, garantizar
el imperio de la ley y utilizar en forma extensiva los mejores asesores
nacionales e internacionales. La democracia masiva puede aprovechar los
elementos innovadores, pero debe garantizar la seguridad, generar
empleo y construir viviendas, de lo contra rio culminará, tarde o
temprano, en una crisis de características catas tróficas.

LA ALCALDIA DE CHACAO ha hecho un excelente trabajo con su propuesta
para la Justicia y la Seguridad en Venezuela, cuyo mayor mérito es
demostrar que no se requieren reformas legales, ni estudios de largos
años, sino voluntad política para reducir la inseguridad con medidas
sensatas, inmediatas y de fácil aplicación: las estadísticas que
presenta son oficiales e indiscutibles. A lo anterior se agrega un
excelente estudio de la Asociación Civil Venezuela Segura, que resalta
la crueldad y la violencia innecesaria en un porcentaje cada vez más
significativo de la criminalidad, aparte del colapso de la justicia
frente al embate de la delincuencia.

La inseguridad ha ascendido peldaños rápidamente y las cuatro quintas
partes de la población, y en especial los ciudadanos más
desfavorecidos, exigen la implementación de programas eficientes
contra los homicidios en los barrios, el narcotráfico, el secuestro
express y los robos a mano armada, ya que estas categorías delictivas
se han potenciado por la falta de políticas de Estado en materia de
seguridad ciudadana, la escasa coordinación policial y un sistema
penal politizado hasta la médula.

Las estadísticas pueden esconderse, maquillarse o responsabilizar a
los gobiernos anteriores, pero la percepción ciudadana y las acciones
de los venezolanos en su vida cotidiana están matizadas por la
atmósfera de inseguridad, ya que se ha impuesto la impunidad y sólo
se denuncia una parte de ese inmenso "iceberg" que conforma la
delincuencia global; más grave aún, sólo un porcentaje se investiga
y se sancionan nada más los casos que desbordan el escenario.


EN CAMBIO hay eficiencia en aberraciones, como el juicio contra el
alcalde de Baruta y contra los comisarios Vivas, Forero y Simonovis,
por los hechos del 11 de abril, en ambos casos el delito fue cumplir
con su deber y estos juicios no resisten un examen superficial de la
Comisión de Derechos Humanos de la OEA, o de cualquier experto
imparcial. La justicia se mueve con demasiadas precauciones frente a la
violencia, y a la velo cidad de la luz cuando hay un interés
político. Estamos de acuerdo en estudiar a fondo las causas y los
efectos de la criminalidad, eso sí, mientras se adelantan de inmediato
pragmáticos programas de prevención y re presión.


EL ESTADO ADQUIERE equipos militares para su defensa frente a cualquier
agresión exterior, sin embargo, no se hace la debida inversión para
atacar y reducir la inseguridad interna, que afecta a todos los
ciudadanos y que incluye inevitablemente a los familiares, amigos,
vecinos y partidarios del gobierno. Se ha ido generando una
desesperanza de la población ante la violencia, con el incremento, en
forma de cohete, de los secuestros, homicidios, ajusticiamientos
policiales, el tráfico de drogas y la extorsión. La turbulencia
política no puede ocultar la urgencia de crear y aplicar una política
criminal de Estado, moderna, bien coordinada y ejecutada a favor de
todos los ciudadanos.


EL CRIMEN ORGANIZADO es un fenómeno dinámico que, más allá de un
espacio territorial y de venezolanos o extranjeros incursos en esas
actividades, abarca numerosos países e intereses de diversa índole,
por eso sólo puede combatirse exitosamente con un permanente
intercambio de información y apoyo de las organizaciones
internacionales. Todo indica que el crecimiento de los homicidios, la
corrupción y el tráfico de drogas, no está siendo combatido con
implacable voluntad política.

Así, por ejemplo, en materia de homicidios se menciona la cifra de
9.962 en el año 2005, pero hay rubros como "resistencia a la
autoridad" y "averiguación muerte" que totalizan 4.851 decesos, que
podrían ser homicidios que no fueron investigados y por consiguiente
no incluidos. Definitivamente las estadísticas no son mudas, gritan a
decibeles imposibles de desconocer.


LAS AUTORIDADES enfrentan el dilema estratégico de priorizar la
seguridad interna, cara a cara a su base de apoyo político, que en
definitiva es el centro de gravedad del apoyo electoral con el que
puedan contar. Como lo señala Maquiavelo "cuando se prevén los
peligros (y éste es el privilegio de los prudentes), pronto se
conjuran; pero si, desconociéndolos, se les deja crecer de modo que
nadie los advierta, son irremediables".


***@cantv.net
Viejo Vizcacha
2006-07-30 13:54:12 UTC
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¿Este Juan Martín Echeverría no es el mismo que era el director de
PTJ cuando ese cuerpo masacró en Valencia en una pensión a 9
personas? ¿O es el Juan Martín Echeverría que era Ministro de
Justicia cuando el asesinato del abogado Ramón Carmona Vásquez por el
grupo GATO de PTJ? ¿Tiene alguna relación con el Juan Martín
Echeverría que es el consultor jurídico de El Universal y abogado
defensor de SÚMATE?

Saludos,
VV
Post by TORREBLANCA®
Juan Martín Echeverría // Violencia, impunidad y pasividad
EN EL SIGLO XXI todo gobierno que pretenda convertir la democracia
representativa en participativa, tiene que comenzar por profundizar la
división de funciones, el respeto a los derechos humanos, garantizar
el imperio de la ley y utilizar en forma extensiva los mejores asesores
nacionales e internacionales. La democracia masiva puede aprovechar los
elementos innovadores, pero debe garantizar la seguridad, generar
empleo y construir viviendas, de lo contra rio culminará, tarde o
temprano, en una crisis de características catas tróficas.
LA ALCALDIA DE CHACAO ha hecho un excelente trabajo con su propuesta
para la Justicia y la Seguridad en Venezuela, cuyo mayor mérito es
demostrar que no se requieren reformas legales, ni estudios de largos
años, sino voluntad política para reducir la inseguridad con medidas
sensatas, inmediatas y de fácil aplicación: las estadísticas que
presenta son oficiales e indiscutibles. A lo anterior se agrega un
excelente estudio de la Asociación Civil Venezuela Segura, que resalta
la crueldad y la violencia innecesaria en un porcentaje cada vez más
significativo de la criminalidad, aparte del colapso de la justicia
frente al embate de la delincuencia.
La inseguridad ha ascendido peldaños rápidamente y las cuatro quintas
partes de la población, y en especial los ciudadanos más
desfavorecidos, exigen la implementación de programas eficientes
contra los homicidios en los barrios, el narcotráfico, el secuestro
express y los robos a mano armada, ya que estas categorías delictivas
se han potenciado por la falta de políticas de Estado en materia de
seguridad ciudadana, la escasa coordinación policial y un sistema
penal politizado hasta la médula.
Las estadísticas pueden esconderse, maquillarse o responsabilizar a
los gobiernos anteriores, pero la percepción ciudadana y las acciones
de los venezolanos en su vida cotidiana están matizadas por la
atmósfera de inseguridad, ya que se ha impuesto la impunidad y sólo
se denuncia una parte de ese inmenso "iceberg" que conforma la
delincuencia global; más grave aún, sólo un porcentaje se investiga
y se sancionan nada más los casos que desbordan el escenario.
EN CAMBIO hay eficiencia en aberraciones, como el juicio contra el
alcalde de Baruta y contra los comisarios Vivas, Forero y Simonovis,
por los hechos del 11 de abril, en ambos casos el delito fue cumplir
con su deber y estos juicios no resisten un examen superficial de la
Comisión de Derechos Humanos de la OEA, o de cualquier experto
imparcial. La justicia se mueve con demasiadas precauciones frente a la
violencia, y a la velo cidad de la luz cuando hay un interés
político. Estamos de acuerdo en estudiar a fondo las causas y los
efectos de la criminalidad, eso sí, mientras se adelantan de inmediato
pragmáticos programas de prevención y re presión.
EL ESTADO ADQUIERE equipos militares para su defensa frente a cualquier
agresión exterior, sin embargo, no se hace la debida inversión para
atacar y reducir la inseguridad interna, que afecta a todos los
ciudadanos y que incluye inevitablemente a los familiares, amigos,
vecinos y partidarios del gobierno. Se ha ido generando una
desesperanza de la población ante la violencia, con el incremento, en
forma de cohete, de los secuestros, homicidios, ajusticiamientos
policiales, el tráfico de drogas y la extorsión. La turbulencia
política no puede ocultar la urgencia de crear y aplicar una política
criminal de Estado, moderna, bien coordinada y ejecutada a favor de
todos los ciudadanos.
EL CRIMEN ORGANIZADO es un fenómeno dinámico que, más allá de un
espacio territorial y de venezolanos o extranjeros incursos en esas
actividades, abarca numerosos países e intereses de diversa índole,
por eso sólo puede combatirse exitosamente con un permanente
intercambio de información y apoyo de las organizaciones
internacionales. Todo indica que el crecimiento de los homicidios, la
corrupción y el tráfico de drogas, no está siendo combatido con
implacable voluntad política.
Así, por ejemplo, en materia de homicidios se menciona la cifra de
9.962 en el año 2005, pero hay rubros como "resistencia a la
autoridad" y "averiguación muerte" que totalizan 4.851 decesos, que
podrían ser homicidios que no fueron investigados y por consiguiente
no incluidos. Definitivamente las estadísticas no son mudas, gritan a
decibeles imposibles de desconocer.
LAS AUTORIDADES enfrentan el dilema estratégico de priorizar la
seguridad interna, cara a cara a su base de apoyo político, que en
definitiva es el centro de gravedad del apoyo electoral con el que
puedan contar. Como lo señala Maquiavelo "cuando se prevén los
peligros (y éste es el privilegio de los prudentes), pronto se
conjuran; pero si, desconociéndolos, se les deja crecer de modo que
nadie los advierta, son irremediables".
TORREBLANCA®
2006-07-30 14:21:21 UTC
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¿Este Juan Martín Echeverría no es el mismo que .....
claro ese el mismito, pero .... y de esto, qué ?

"Se ha ido generando una
desesperanza de la población ante la violencia, con el incremento, en
forma de cohete, de los secuestros, homicidios, ajusticiamientos
policiales, el tráfico de drogas y la extorsión".

eso no les importa, verdad, de eso nada, lo que importa es el
chismecito de patio para desviar lo gravisimo del asunto que plantea
ese .... charlatanes !
Post by TORREBLANCA®
Juan Martín Echeverría // Violencia, impunidad y pasividad
EN EL SIGLO XXI todo gobierno que pretenda convertir la democracia
representativa en participativa, tiene que comenzar por profundizar la
división de funciones, el respeto a los derechos humanos, garantizar
el imperio de la ley y utilizar en forma extensiva los mejores asesores
nacionales e internacionales. La democracia masiva puede aprovechar los
elementos innovadores, pero debe garantizar la seguridad, generar
empleo y construir viviendas, de lo contra rio culminará, tarde o
temprano, en una crisis de características catas tróficas.
LA ALCALDIA DE CHACAO ha hecho un excelente trabajo con su propuesta
para la Justicia y la Seguridad en Venezuela, cuyo mayor mérito es
demostrar que no se requieren reformas legales, ni estudios de largos
años, sino voluntad política para reducir la inseguridad con medidas
sensatas, inmediatas y de fácil aplicación: las estadísticas que
presenta son oficiales e indiscutibles. A lo anterior se agrega un
excelente estudio de la Asociación Civil Venezuela Segura, que resalta
la crueldad y la violencia innecesaria en un porcentaje cada vez más
significativo de la criminalidad, aparte del colapso de la justicia
frente al embate de la delincuencia.
La inseguridad ha ascendido peldaños rápidamente y las cuatro quintas
partes de la población, y en especial los ciudadanos más
desfavorecidos, exigen la implementación de programas eficientes
contra los homicidios en los barrios, el narcotráfico, el secuestro
express y los robos a mano armada, ya que estas categorías delictivas
se han potenciado por la falta de políticas de Estado en materia de
seguridad ciudadana, la escasa coordinación policial y un sistema
penal politizado hasta la médula.
Las estadísticas pueden esconderse, maquillarse o responsabilizar a
los gobiernos anteriores, pero la percepción ciudadana y las acciones
de los venezolanos en su vida cotidiana están matizadas por la
atmósfera de inseguridad, ya que se ha impuesto la impunidad y sólo
se denuncia una parte de ese inmenso "iceberg" que conforma la
delincuencia global; más grave aún, sólo un porcentaje se investiga
y se sancionan nada más los casos que desbordan el escenario.
EN CAMBIO hay eficiencia en aberraciones, como el juicio contra el
alcalde de Baruta y contra los comisarios Vivas, Forero y Simonovis,
por los hechos del 11 de abril, en ambos casos el delito fue cumplir
con su deber y estos juicios no resisten un examen superficial de la
Comisión de Derechos Humanos de la OEA, o de cualquier experto
imparcial. La justicia se mueve con demasiadas precauciones frente a la
violencia, y a la velo cidad de la luz cuando hay un interés
político. Estamos de acuerdo en estudiar a fondo las causas y los
efectos de la criminalidad, eso sí, mientras se adelantan de inmediato
pragmáticos programas de prevención y re presión.
EL ESTADO ADQUIERE equipos militares para su defensa frente a cualquier
agresión exterior, sin embargo, no se hace la debida inversión para
atacar y reducir la inseguridad interna, que afecta a todos los
ciudadanos y que incluye inevitablemente a los familiares, amigos,
vecinos y partidarios del gobierno. Se ha ido generando una
desesperanza de la población ante la violencia, con el incremento, en
forma de cohete, de los secuestros, homicidios, ajusticiamientos
policiales, el tráfico de drogas y la extorsión. La turbulencia
política no puede ocultar la urgencia de crear y aplicar una política
criminal de Estado, moderna, bien coordinada y ejecutada a favor de
todos los ciudadanos.
EL CRIMEN ORGANIZADO es un fenómeno dinámico que, más allá de un
espacio territorial y de venezolanos o extranjeros incursos en esas
actividades, abarca numerosos países e intereses de diversa índole,
por eso sólo puede combatirse exitosamente con un permanente
intercambio de información y apoyo de las organizaciones
internacionales. Todo indica que el crecimiento de los homicidios, la
corrupción y el tráfico de drogas, no está siendo combatido con
implacable voluntad política.
Así, por ejemplo, en materia de homicidios se menciona la cifra de
9.962 en el año 2005, pero hay rubros como "resistencia a la
autoridad" y "averiguación muerte" que totalizan 4.851 decesos, que
podrían ser homicidios que no fueron investigados y por consiguiente
no incluidos. Definitivamente las estadísticas no son mudas, gritan a
decibeles imposibles de desconocer.
LAS AUTORIDADES enfrentan el dilema estratégico de priorizar la
seguridad interna, cara a cara a su base de apoyo político, que en
definitiva es el centro de gravedad del apoyo electoral con el que
puedan contar. Como lo señala Maquiavelo "cuando se prevén los
peligros (y éste es el privilegio de los prudentes), pronto se
conjuran; pero si, desconociéndolos, se les deja crecer de modo que
nadie los advierta, son irremediables".
Viejo Vizcacha
2006-07-30 14:36:55 UTC
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Post by TORREBLANCA®
¿Este Juan Martín Echeverría no es el mismo que .....
claro ese el mismito, pero .... y de esto, qué ?
"Se ha ido generando una
desesperanza de la población ante la violencia, con el incremento, en
forma de cohete, de los secuestros, homicidios, ajusticiamientos
policiales, el tráfico de drogas y la extorsión".
eso no les importa, verdad, de eso nada, lo que importa es el
chismecito de patio para desviar lo gravisimo del asunto que plantea
ese .... charlatanes !
Pues eso son OPINIONES. Ya sabía yo que no eras capaz de tener ideas,
de encontrar noticias, de pensar. Pero hasta los más brutos opinan,
aunque no sepan. Tú, ni siquiera para eso sirves, y necesitas cortar y
pegar OPINIONES de otros.

¡Qué triste!

VV
TORREBLANCA®
2006-07-30 15:07:53 UTC
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Post by Viejo Vizcacha
Post by TORREBLANCA®
¿Este Juan Martín Echeverría no es el mismo que .....
claro ese el mismito, pero .... y de esto, qué ?
"Se ha ido generando una
desesperanza de la población ante la violencia, con el incremento, en
forma de cohete, de los secuestros, homicidios, ajusticiamientos
policiales, el tráfico de drogas y la extorsión".
eso no les importa, verdad, de eso nada, lo que importa es el
chismecito de patio para desviar lo gravisimo del asunto que plantea
ese .... charlatanes !
Pues eso son OPINIONES. Ya sabía yo que no eras capaz de tener ideas,
de encontrar noticias, de pensar. Pero hasta los más brutos opinan,
aunque no sepan. Tú, ni siquiera para eso sirves, y necesitas cortar y
pegar OPINIONES de otros.
¡Qué triste!
"Se ha ido generando una
desesperanza de la población ante la violencia, con el incremento, en
forma de cohete, de los secuestros, homicidios, ajusticiamientos
policiales, el tráfico de drogas y la extorsión".
Post by Viejo Vizcacha
VV
Viejo Vizcacha
2006-07-30 15:16:45 UTC
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Post by Viejo Vizcacha
Post by TORREBLANCA®
¿Este Juan Martín Echeverría no es el mismo que .....
claro ese el mismito, pero .... y de esto, qué ?
"Se ha ido generando una
desesperanza de la población ante la violencia, con el incremento, en
forma de cohete, de los secuestros, homicidios, ajusticiamientos
policiales, el tráfico de drogas y la extorsión".
eso no les importa, verdad, de eso nada, lo que importa es el
chismecito de patio para desviar lo gravisimo del asunto que plantea
ese .... charlatanes !
Pues eso son OPINIONES. Ya sabía yo que no eras capaz de tener ideas,
de encontrar noticias, de pensar. Pero hasta los más brutos opinan,
aunque no sepan. Tú, ni siquiera para eso sirves, y necesitas cortar y
pegar OPINIONES de otros.
¡Qué triste!
"Se ha ido generando una
desesperanza de la población ante la violencia, con el incremento, en
forma de cohete, de los secuestros, homicidios, ajusticiamientos
policiales, el tráfico de drogas y la extorsión".
Escribió Juan Martín Echeverría, el mismo que era el director de
PTJ cuando ese cuerpo masacró en Valencia en una pensión a 9
personas. El mismo que era Ministro de Justicia cuando el asesinato
del abogado Ramón Carmona Vásquez por el grupo GATO de PTJ.
El mismo que es el consultor jurídico de El Universal y abogado
defensor de SÚMATE.

Torreblanca solamente lo copia y pega.

VV

VV
TORREBLANCA®
2006-07-30 15:44:35 UTC
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Post by Viejo Vizcacha
Escribió Juan Martín Echeverría, el mismo
"La inseguridad ha ascendido peldaños rápidamente y las cuatro
quintas
partes de la población, y en especial los ciudadanos más
desfavorecidos, exigen la implementación de programas eficientes
contra los homicidios en los barrios, el narcotráfico, el secuestro
express y los robos a mano armada, ya que estas categorías delictivas
se han potenciado por la falta de políticas de Estado en materia de
seguridad ciudadana, la escasa coordinación policial y un sistema
penal politizado hasta la médula. "
Post by Viejo Vizcacha
Torreblanca solamente lo copia y pega.
VV
VV
Viejo Vizcacha
2006-07-30 16:44:35 UTC
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Post by TORREBLANCA®
"La inseguridad ha ascendido peldaños rápidamente y las cuatro
quintas
partes de la población, y en especial los ciudadanos más
desfavorecidos, exigen la implementación de programas eficientes
contra los homicidios en los barrios, el narcotráfico, el secuestro
express y los robos a mano armada, ya que estas categorías delictivas
se han potenciado por la falta de políticas de Estado en materia de
seguridad ciudadana, la escasa coordinación policial y un sistema
penal politizado hasta la médula. "
Escribió Juan Martín Echeverría, el mismo que era el director de
PTJ cuando ese cuerpo masacró en Valencia en una pensión a 9
personas. El mismo que era Ministro de Justicia cuando el asesinato
del abogado Ramón Carmona Vásquez por el grupo GATO de PTJ.
El mismo que es el consultor jurídico de El Universal y abogado
defensor de SÚMATE.

Torreblanca solamente lo copia y pega.

VV
VivaChavez
2006-07-31 05:32:44 UTC
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President Chavez came into power in 1998.

At the end of this article are inluded other links with information as
to the crime statistics in Venezuela during the so-called "democratic"
governments of AD and Copei, who now camouflage themselves under the
guise of "oposition:.

Human Rights Watch - Police Brutality

VENEZUELA 1996

Human Rights Developments

Venezuela=s police captured the attention of national and international
human rights groups during 1996 for the brutality with which they
carried out their work. Systematic and widespread human rights
violations, including torture and extrajudicial executions, were
common, while impunity for the state agents responsible remained
pervasive. As security forces acted abusively during the year,
convicted criminals and detainees awaiting trial suffered prison
conditions that violated international standards.

As of this writing, according to Venezuelan human rights organizations,
state security forces committed at least 103 extrajudicial executions
during the first ten months of 1996, and the number of torture cases
increased over prior years. The Panadería La Poma (La Poma Bakery)
case highlighted the brutality and impunity with which the Metropolitan
Police of Caracas (Policía Metropolitana, PM) operated. After being
called to the scene of a robbery on June 17, seven members of the PM,
in the presence of witnesses and television cameras, arrested two
suspected criminals. Hours later their corpses appeared at the Caracas
morgue. The Criminal Court of First Instance issued an arrest warrant
for the police officers involved in the operation. The Superior Court
later revoked the order on the grounds that there was insufficient
evidence. The higher court reasoned that, despite evidence that the
police committed the killings, no one could be held responsible because
the specific officers who had done so had not been identified. In
another case involving Caracas police, this time in the city=s Sucre
municipality, officers working in the 24 de Julio neighborhood of
Caracas detained José Luis Pimentel, whom they accused of being a
criminal. According to the Network in Support of Justice and Peace (La
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz), municipal police officers
detained him and took him to an alley, where they shot him to death.
The Network in Support of Justice and Peace reported that he was
arrested while playing chess and that his neighbors denied that the
death followed an armed confrontation, as the police asserted.

Local human rights groups documented repeated violations in Apure
state, along Venezuela=s border with Colombia. The Guasdualito-based
Human Rights Defense Committee (Comité para la Defensa de los Derechos
Humanos, CODEHUM) published a report in July documenting forty-seven
cases, including such abuses as torture. On January 21, for example,
officers of the Technical Judicial Police (Policía Técnica Judicial,
PTJ) detained José Anicasio Rojas at his home outside the city of
Guasdualito, transferring him to the PTJ station, where they
blindfolded, handcuffed, and beat him. They tortured him by placing a
plastic bag over his head. In Guasdualito, on February 19, Víctor A.
Díaz Ojeda was detained and accused by the National Guard (Guardia
Nacional, GN) and army of being a member of a Colombian guerrilla
group. He was brought to the local military base, where he was tied to
a tree, blindfolded, and tortured with electric current to his
testicles. Similarly, GN officers detained Josué Coburuco and Gerardo
Vargas on February 20 in the town of El Amparo. Accused of cattle
rustling, and turned over to the army, they were tortured with electric
current.

Indigenous peoples who lived along Venezuela=s border with Colombia or
Brazil also suffered human rights violations. The situation was
especially serious in the states of Zulia, Amazonas, Bolívar, and
Delta Amacuro. In the area of San Fernando de Atabapo, Amazonas state,
members of the Baniba, Curripaco, Piaroa, and Puinabe ethnic
communities frequently reported to local human rights groups that state
security forces arbitrarily detained and mistreated them. For example,
in January, Durifa Da Silva, an indigenous man from the community of
Guarinuma, was arrested by police. The officers handcuffed and harshly
beat him, then left him with serious bruises on the banks of the
Atabapo river.

Impunity for such abuses remained a serious problem. Four years after
the bodyguards of then-President Carlos Andrés Pérez assassinated two
Wayuú Indians in Zulia state, military and civilian courts continued
to argue over jurisdiction, contributing to an unwarranted delay in the
case. Similarly, more than three years after a massacre at Haximú,
Amazonas state, in which sixteen Yanomami Indians were killed by
Brazilian prospectors, the government had not undertaken an
investigation, much less prosecuted those responsible. In September,
the Inter-American Court of Human Rights ordered Venezuela to pay
compensation for its responsibility in massacring fourteen fishermen in
El Amparo in 1988, a case that the Venezuelan courts had failed to
clarify. The Inter-American Commission on Human Rights, which forwarded
the case to the court, found that the killings were carried out by a
joint operation of the army, the PTJ, and the Office of Intelligence
and Prevention Services (Dirección de Inteligencia y Servicios de
Prevención, DISIP). The Venezuelan government did not contest the
facts.

While the police and military acted brutally throughout the year,
detainees faced abusive conditions in prison. Built to hold a
population of just over 15,000 people, the prison system was jammed
with 24,000 prisoners during 1996. Notoriously poor conditions led
Human Rights Watch/Americas to send a delegation to the country in
March 1996 to inspect eleven prisons. This trip was followed by a
mission of the Inter-American Commission on Human Rights.

The extreme overcrowding, exacerbated by severe understaffing,
inadequate material support, and violence, meant that the majority of
Venezuela=s prisoners were forced to endure appalling and degrading
living conditions, in violation of the International Covenant on Civil
and Political Rights and the American Convention on Human Rights, which
established Venezuela=s responsibility to treat inmates with dignity.
Inmates routinely slept two or three to a bed, on the floor in
passageways, or in filthy bathrooms. In Sabaneta prison, for instance,
some inmates slept in hammocks strung in narrow pipe-access passageways
between cell blocks.

Official violence against prisoners was also common. The GN maintained
harsh control of a number of prisons, frequently engaging in collective
punishment or arbitrary beatings of prisoners. The most violent
incident involving the GN occurred on October 22. Early in the morning,
National Guardsmen started a fire in La Planta prison in Caracas that
killed at least twenty-five prisoners. Officers indiscriminately fired
tear gas and incendiary devices into overcrowded cells of the prison=s
Ward 4. Prisoners who could not escape the cells, which were locked,
burned to death. Venezuela=s minister of justice reportedly described
the attack as an Aunjustifiable crime@ and insisted that the
responsible guardsmen be punished for their actions.

The large majority of inmates in Venezuela were pre-trial detainees,
who were held with convicted prisoners. This resulted from Venezuela=s
extremely long criminal proceedings and systematic denial of
provisional liberty to defendants awaiting trial, in violation of
international standards that established Venezuela=s responsibility to
provide prompt trials.

Women prisoners, who constituted nearly 5 percent of the prison
population, generally enjoyed somewhat better conditions than male
inmates. With some notable exceptions, women=s facilities tended to be
newer, less overcrowded, and better maintained than men=s
installations, with proportionally larger staffs, less violence, and
greater work and recreational opportunities. In the prison of Ciudad
Bolívar, however, the women=s annex was integrated into the larger
men=s facility, so that some fifty women prisoners were confined
together with over 1,000 male prisoners.

Women prisoners also faced discrimination. While men were freely
granted conjugal visits, women prisoners, except for a handful
participating in a pilot program, were denied them.

The Right to Monitor

Human Rights Watch/Americas was not aware of cases of physical attacks
on Venezuelan human rights monitors. Nonetheless, several incidents
reflected official intolerance of human rights reporting and activism.
This intolerance showed itself in the form of public criticism, part of
a broader effort to discredit the work of nongovernmental
organizations.

On several occasions government authorities labeled human rights
monitors as criminals interested in spoiling Venezuela=s international
image. In this same vein, the government rejected the Venezuela section
of the State Department=s Country Reports on Human Rights Practices for
1995, stating that it was a Acaricature@ of the actual situation. The
government also called into question the information provided to the
State Department by Venezuelan human rights organizations.

Venezuela also rejected the findings of an Amnesty International
report. Minister of the Presidency Asdrúbal Aguiar stated that the
Amnesty International document was partial and based on biased
methodology. Aguiar also sought to discredit the work of Venezuelan
human rights organizations, whom he said provided Amnesty International
with information Ageared exclusively to placing blame on the Caldera
administration.@

The Role of the United States

U.S. Embassy officials in Venezuela maintained regular contact with
Venezuelan human rights organizations, which was reflected in the
Venezuela chapter in Country Reports on Human Rights Practices for
1995. The report presented an accurate description of human rights
conditions in the country. Human Rights Watch/Americas was unaware,
however, of any public statements from the embassy condemning human
rights violations when they occurred during 1996.

The State Department=s International Narcotics and Law Enforcement
(INL) bureau disbursed $500,000 to Venezuela during 1996, roughly the
same as the preceding year. In an effort to assist Venezuela in the
process of reforming its Code of Criminal Procedure, the United States
Information Agency (USIA) sponsored training seminars for judges and
prosecutors.

http://www.hrw.org/reports/1997/WR97/AMERICAS-08.htm

ADDITIONAL LINKS:

1. http://www.globalmarch.org/resourcecentre/world/venezuela.pdf
2. http://archive.nacla.org/Summaries/V30I2P39-1.htm
TORREBLANCA®
2006-07-31 12:05:54 UTC
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Post by VivaChavez
President Chavez came into power in 1998.
At the end of this article are inluded other links with information as
to the crime statistics in Venezuela during the so-called "democratic"
governments of AD and Copei, who now camouflage themselves under the
guise of "oposition:.
Human Rights Watch - Police Brutality
VENEZUELA 1996
a la verdad que esta vieja es estupida. se evidencia que esta
administracion tiene inmersa a la sociedad en una de las mas violentas
y sangrientas situaciones ciudadadanas y se le enrostra la apatia y
desisdia frente a esos problemas y ella lo trata de justificar
publicando que antes tambien habia. ahi se da cuenta uno con quien es
que cuenta el chavismo y porque las cosas andan como andan, manga por
hombro, drogas, prostitucion, narcotrafico, atracos, delitos por
doquier apadrinados desde el poder. pero ella dice que pasaba antes,
que no importa, para eso voto la gente para que le justifiquen conque
eso pasaba antes.

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